Masacre de Apatzingán: Los desplazados de Castillo
Esta es la tercera entrega de la reportera Laura Castellanos sobre la masacre de Apatzingán ocurrida el 6 de enero de 2015, en la que intervinieron policías federales y militares con un saldo de al menos 16 civiles muertos. El 19 de abril el portal de Aristegui Noticias, la revista Proceso y Univisión retomaron el trabajo de la reportera Laura Castellanos, en el cual 39 testigos aseveraron que policías federales dispararon contra civiles desarmados en dos eventos distintos. El 24 de mayo Aristegui Noticias y Proceso difundieron la segunda investigación, que en este portal se tituló “La intervención del ejército”, en la que, de acuerdo a documentos ministeriales, entre 100 y 110 efectivos del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar de Michoacán participaron en el primer evento. En esta tercera entrega se difunde cómo en la persecución contra las víctimas han participado policías estatales y municipales. Las tres entregas de la periodista registran que en la masacre de Apatzingán hay una cadena de responsabilidades a todos los niveles para encubrir un cúmulo de hechos impunes que apuntan a un crimen de lesa humanidad
MORELIA, MICHOACÁN.- En el jardín de la sacristía de una iglesia en las afueras de Morelia,Alexander Madrigal Marmolejo, sobreviviente de la masacre de Apatzingán del 6 de enero de 2015 -en la que murieron al menos 16 civiles-, testigo ese día de ejecuciones extrajudiciales por parte de policías federales, y familiar de 3 de las víctimas, sujeta su biblia, y con angustia, expresa las razones por las que está en la clandestinidad: “Me quieren matar”. Manifiesta: “Pienso que porque yo vi cómo fueron los hechos”.
El hombre treintañero era autodefensa y relata que ese día atestiguó que los policías federales, tras atacar una caravana de civiles desarmados en avenida Constitución, avanzaron hacia los civiles resguardados tras sus camionetas, los hincaban , éstos se alzaban las playeras para mostrar que no portaban pistolas, y “se reían y les disparaban, los mataban a sangre fría”. Además, observó cómo después los efectivos impidieron el ingreso de dos heridos al Hospital General Ramón Ponce para que murieran en la banqueta sin ser atendidos: “los federales dejaron que se desangrara la gente”, señala.
Madrigal asegura que tras los hechos del 6 de enero testigos como él son perseguidos por fuerzas federales y el cártel de los Caballeros Templarios, y que dicha persecución se ha extendido a las familias, como es el caso de su esposa y su suegra, que han sufrido encarcelamientos arbitrarios con tortura a manos de policías estatales. Por esas razones, el hombre que se dedica a la venta de autos y al corte del limón, su madre y sus tres hijos de 7 a 13 años, se han convertido en casos de desplazamiento forzado, dice, ante la indiferencia o complacencia gubernamental. “No confiamos en la autoridad, menos en Apatzingán, están vendidos“. Por esa razón en junio pasado, gracias a un conocido, decidió exponer su caso ante una misión de observación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Otros sobrevivientes o víctimas indirectas, de igual forma, buscan recurrir a instancias internacionales ante la inacción de las instituciones mexicanas por las violaciones de derechos humanos que han vivido.
Alexander es hermano de Miguel e Hilda Madrigal Marmolejo, cuñado de Berenice Martínez Cortés, y amigo del joven Guillermo Gallegos Madrigal, trabajador de su hermano. Vecinos captaron a los victimados con sus celulares tras la masacre: los cuatro cadáveres estaban sobre el suelo, apretados entre sí, el de su hermano con el cráneo reventado y los sesos expuestos, los otros con la carne desgarrada por el impacto de balas de alto calibre. Debajo de los cuerpos, los palos que portaron como armas. Eran cuatro de las 8 víctimas del saldo oficial, que de acuerdo a Alfredo Castillo, ex Comisionado Federal de Seguridad de Michoacán y actual titular de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), perecieron por “fuego cruzado” cuando la citada caravana de civiles dio alcance a un convoy de la Policía Federal.
Foto: Especial
El ex autodefensa explica que la persecución en contra de su familia inició el 15 de enero de 2015, nueve días después de la masacre. Narra que ese día, a las 20:00 pm, al terminarse los rezos del novenario celebrado en casa de su madre, en la colonia El Varillero en Apatzingán, policías estatales irrumpieron en la vivienda y en la tienda de abarrotes de la propiedad de la misma. Golpearon a su esposa Brenda Pérez García y le robaron 150 mil pesos de un préstamo que habían conseguido para pagar las cajas funerarias y se la llevaron junto con su suegra María Estela Pérez García.
La madre de Madrigal, la señora Hilda Marmolejo, si bien interpuso una denuncia por los hechos del 6 y del 15 de enero contra quienes resulten responsables de los delitos de “homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena, violación a la ley de armas de fuego y explosivos y lo que resulte”, asentada en la Averiguación Previa AP/PGR/MICH/M-IV/012/2015, tampoco confía en la justicia mexicana. Por la vulnerabilidad de la familia decidió recurrir a Barack Obama, a quien le manifiesta a través de este reportaje: “le quiero pedir al presidente de los Estados Unidos a ver si me podía dar amnistía para mí, mis nietos y mi hijo”, expresa con llanto.
El registro de los hechos del 15 de enero se consignó en la Averiguación Previa AP/PGR/MICH/M-IV/043/2015, cuya copia tiene la reportera. En dicha Averiguación Previa cuatro policías ministeriales, una estatal y uno municipal, declararon que de 30 a 80 elementos participaron en el operativo en el que arrestaron a las dos mujeres y a dos hombres: el albañil Otoniel Chino Peñaloza, pareja de la consuegra, y el elemento de la Fuerza Rural Antonio de Jesús Barrera Tafolla. Los consignaron como narcomenudistas, en posesión de 3 armas largas y 5 cortas, que según ellos capturaron in fraganti a bordo de una camioneta a las 2:30 am en la colonia citada. Sin embargo, los cuatro negaron las imputaciones y afirmaron que se les torturó. Están recluidos en penales de Nayarit.
La esposa de Barrera, que pide el anonimato por seguridad, expresó en entrevista realizada en Tierra Caliente, que a su esposo lo detuvieron a las 8:00 pm cuando estaba con ella y su hija de 6 años indagando el precio de unos tabiques en una zona conurbada de la colonia El Varillero. La joven dijo que el convoy policiaco llegó sobre ellos y, sin razón alguna, a su esposo y a ella los torturaron en plena calle en presencia de la pequeña. Narra: “la niña quedó bien traumada, no puede ni salir, porque ve a un policía y se agarra llorando”. En la Averiguación Previa citada ella declaró lo vivido. La misión de las Naciones Unidas se reunió también con los 4 encarcelados en penales de Nayarit y decidió darles acompañamiento. La oficina declinó por el momento dar una entrevista.
Otro caso es el de un joven herido gravemente ese 6 de enero al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) basado en Washington, identifica como “Alejandro” en la “Medida Cautelar 251/15-Alejandro y otros, México”. En ésta pide al Estado mexicano le brinde medidas cautelares a él y a su familia porque el muchacho de 19 años “ha notado que policías federales lo han perseguido, que su hogar fue allanado por hombres armados en mayo de 2015 y que su hermano mayor fue secuestrado en dos oportunidades”. Se sabe que por dicha persecución una docena de sus familiares han sufrido desplazamiento forzado. La CIDH precisó que pese a que “Alejandro” recurrió al “Mecanismo de Protección para Defensores y periodistas, la Secretaría de Gobernación, la CEAV, no habrían sido aceptadas medidas concretas de protección”. Este caso también lo acompaña la citada oficina de la ONU en México.
Se solicitó entrevista a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Gobernación para saber cómo van las investigaciones de la masacre y de los casos citados, pero no hubo respuesta.
El silencio cunde sobre el 6 de enero. Ese día autodefensas y elementos de la Fuerza Rural del grupo G-250, creado por Castillo para combatir al cártel, protestaban portando palos en el Palacio Municipal de Apatzingán porque se les desarmaría pese a recientes agresiones de Templarios en sus comunidades. Los inconformes pertenecían al grupo de Los Viagra, cuyos líderes han sido acusados de encabezar un cártel, lo que ellos rechazan. En un primer evento, a las 2:30 am, un centenar de policías federales y militares atacaron el plantón y detuvieron a 44 personas. En un segundo evento, a las 7:45 am, una caravana de familiares y simpatizantes de detenidos y heridos, armados de palos, alcanzaron a un convoy de la Policía Federal en avenida Constitución para liberar a personas, que según ellos, llevaban heridos y clamaban por ayuda. Los policías les respondieron con armas automáticas. En la caravana iban los Madrigal.
TAMBIÉN LOS POLICÍAS ESTATALES
En el caso de los cuatro encarcelados, su Puesta a Disposición 84/2015 con fecha del 15 de enero de 2015 integró un único parte informativo signado por cuatro elementos de la Policía Ministerial encabezados por Hugo Salvador Alcaraz Martínez, la Policía Estatal Preventiva Alicia Mayorga Guerrero, y el Policía Municipal Antonio Juárez Pérez. En éste los policías declararon que a las 2:30 am, camino al Rancho de la Flor, al llegar a la calle Justino Ramírez de la colonia Ampliación El Varillero, observaron a un hombre y a una mujer de copiloto en una camioneta Chevrolet tipo Pick Up color negro. Afirmaron: “Al pasar junto a la camioneta de frente, nos percatamos que la persona de sexo masculino se encuentra manipulando, con ambas manos, una arma larga y al notar nuestra presencia le mete cargador y corta cartucho, motivo por el cual descendemos de las unidades oficiales”.
De acuerdo a los policìas, en la caja de la camioneta había otro hombre con una mujer. Ambos hombres estaban armados mientras ellas llevaban ocultas bolsitas con una sustancia “al parecer cristal” entre sus ropas. Declararon que procedieron a la detención del grupo que estaba en posesión de una subametralladora, dos carabinas y cinco revólveres, 593 cartuchos de calibres varios, 756 gramos de una sustancia granulada “al parecer cristal”, y una bolsa de plástico con 131 billetes que sumaban 50 mil pesos. A los cuatro detenidos los acusaron de los delitos de portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos de las fuerzas federales y de posesión de metanfetaminas con fines de venta.
Los seis policías ratificaron sus declaraciones pero en el “desahogo de probanzas”, cayeron en contradicciones. Manifestaron que en el operativo participaron “más de 30”, “50” u “80 elementos”. Se contradijeron a su vez al mencionar la ubicación en la que se encontraba la camioneta, que en la Puesta a Disposición ubicaron “de frente”. No obstante, en su ampliación ministerial uno de ellos describió que la vieron: al “costado izquierdo apuntando al noreste”, otra versión: “por la parte trasera hacia el oriente”, una más “de atrás hacia adelante”, una última: “no puedo responder esa pregunta porque era de noche y no conozco el lugar”.
Los cuatro detenidos negaron las acusaciones ante el Ministerio Público (MP) y presentaron querellas contra sus captores. Barrera afirmó además que no conocía a las otras personas. Todos aseguraron que los policías les propinaron golpizas en el cuerpo y ambos oídos, y les aplicaron descargas eléctricas e intentaron asfixiarlos con bolsas de plástico en la cabeza.
Barrera declaró al MP: “Me pusieron una chicharra en los testículos y me dieron toques eléctricos, fue entonces que mi esposa se acercó junto con mi niña llorando, la comenzaron a manosear y a golpear”. La tortura de la pareja en plena calle duró de las 20:00 a las 23:00 pm. Luego la mujer logró que la liberaran con la niña y a Barrera lo llevaron a una casa particular en la colonia Palmira, donde estaban los comandantes “Ríos” y “Martínez”, quienes “también empezaron a golpearme y a patearme la cabeza, me bajaron el pantalón y me golpearon con una tabla mojada y con un cinturón, y me amenazaban diciéndome que me meterían un tubo”.
Entonces, prosigue Barrera, les tomaron fotografías, cuando “Frente a nosotros se encontraban elementos de diversas corporaciones, como Policías Federales, Policías de Fuerza Ciudadana y personal ministerial de la PGJ (Procuraduría General de Justicia)”. Las fotos fueron facilitadas a la prensa local.
La jueza Norma García Cabrera, secretaria del juzgado noveno del distrito, “Encargada del Despacho por vacaciones del titular”, les dictó Auto de Formal Prisión con el Proceso Penal 14/2015-II. Ignoró los testimoniales de la esposa de Barrera, de un trabajador del negocio tabiquero, y de una vecina y un vecino que acudieron al novenario, y que aseguraron que a los cuatro se les detuvo en circunstancias y lugares distintos y no se les decomisó nada en ese momento.
La jueza consideró que los policías “obraron con completa imparcialidad; que en autos no aparece que hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, no se advierte falta de probidad en su dicho”. Con respecto a los testimoniales de familiares y conocidos, resolvió: “no existen prueba que apoyen sus dichos, en torno a que fueron detenidos en distintas circunstancias a las que mencionan los aprehensores (…)admitir como válida su manifestación unilateral, seria destruir todo mecanismo de la prueba presuncional y facilitar la impunidad de los inculpados”,
De igual forma desechó el certificado médico del doctor Luis Angel S. Duarte del Hospital General Ramón Ponce, emitió a la esposa de Barrera por las lesiones producto de la golpiza y los toques eléctricos, la misma noche de los hechos, a las 23:45 pm, casi dos horas y media antes que la hora señalada por los policías como la de la realización del operativo: 2:30 am. El doctor refirió en su certificado médico: “Se trata de una paciente femenina de 19 años de edad la cual refiere haber sido agredida verbal y físicamente por elementos de la policía estatal y ministerial”. Describió que la mujer presentaba en el cuerpo diversos moretones y escoriaciones que “tardan en sanar más de 15 días”.
La joven recibió descargas eléctricas en el antebrazo y la pierna
La entrevista se hizo a tres meses de los hechos y las marcas no habían desaparecido
NI JUSTICIA NI PROTECCIÓN
Alexander Madrigal vivía a unos metros de la cerrada en la que se encuentra la tabiquera. Dijo que el 15 de enero a las 8.00 pm, cuando su familia aún permanecía en casa de su madre tras terminarse el novenario, él se encontraba afuera de su tejaban cuando Barrera y su familia, a quienes no conocía, pasaron en dirección al negocio. Instantes después vio que un convoy de “unas diez camionetas” con policías “y gente civil armada” se dirigió veloz para impactar su tejaban, por lo que corrió a esconderse, y desde lejos escuchó “como estaban golpeando injustamente al muchacho”.
Madrigal dejó su ciudad porque dijo que, luego de que saquearan y quemaran su casa, en abril pasado, camionetas policiacas y de civiles armados le cerraron el paso a su vehículo para balacearlo y “no les interesó que llevara a mi niña de 8 años y así me tiraron con las R15”. Su situación es desesperante, agrega, porque no sólo ejecutaron a sus dos hermanos y a su nuera, encarcelaron a su esposa y a su suegra, y le saquearon y quemaron su casa, sino porque en medio de la persecución en su contra debe conseguir un trabajo para mantener a su madre y a sus tres hijos y solventar los gastos de una cirugía apremiante de coltoscopía, por lo que tiene que reunir 4 mil pesos para pagar la sangre que el hospital público le demanda para la operación.
La señora Marmolejo relata que tras la masacre de un momento a otro se quedaron sin nada: casas, bienes, escuela para los niños, medios de subsistencia. Decidió entonces buscar apoyo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y recibió 109 mil pesos para que saldara la deuda de las cajas funerarias. “Gracia hicieran con no pagar las cajas de mis hijos que los federales me mataron”, expresa. En cambio, apunta, no le dieron ayuda para vivienda o manutención, por lo que ahora su hijo se fue en busca de trabajo y ella y sus nietos sobreviven de “arrimados”, pero con grandes apuros, pues “a veces no tenemos ni para comer”.
La mujer afirma que en un primer momento el comisionado ejecutivo Adrián Franco de la CEAV le prometió a fines de abril apoyo para la vivienda, para que sus nietos regresaran a la escuela, para pagar las deudas generadas por su desplazamiento forzado y para instalar de nuevo una tienda de abarrotes. No lo cumplió. “Es un mentiroso”, expresa.
Franco por su lado asegura, sin particularizar, que el apoyo dado a las víctimas de Apatzingán es apreciado: “lo que hemos encontrado de las personas que hemos visto es agradecimiento”. Su oficina enlista además el apoyo brindado: 14 ayudas de trabajo social (despensas, canalización a programas sociales), 28 terapias psicológicas, 17 asesorías jurídicas, 3 canalizaciones médicas, y 5 trámites de familias para acceder a pagos funerarios.
La señora Marmolejo afirma que ante la imposibilidad de regresar a Apatzingán por razones de seguridad, le pidió a la CEAV que le ayudara a vender su casa para subsanar sus gastos, pero se negaron. Por lo que también le pregunta a Obama, “con todo respeto”, que “qué posibilidades tendría yo de que me ayudara a vender mi casa”.
Con respecto a la procuración de justicia, la señora Marmolejo sólo cree en la Divina. Por lo que manifiesta sobre Castillo, al que hace responsable de la masacre de Apatzingán: “Yo le digo a Alfredo Castillo que si tiene madre, le pida mucho que ruegue por él, porque Dios no creo que algún día lo oiga”, expresa. “Y ruego, yo de día, de mañana, de tarde, que el Divino Creador le dé su castigo”, sentencia posando las manos sobre sus papeles del CEAV.
0 comentarios :
Publicar un comentario