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miércoles, 9 de marzo de 2016

El spot de AMLO que ya no se verá en TV… y el argumento de una magistrada (Video)

El spot de AMLO que ya no se verá en TV… y el argumento de una magistrada (Video)

El TEPJF ordenó suspender la transmisión del mensaje en el que aparece López Obrador haciendo críticas al gobierno federal por la adquisición del avión presidencial y diciendo que él en 2018 lo venderá.
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La decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de ordenar al INE suspender el spot donde aparece Andrés Manuel López Obrador, obedece a que el presidente nacional de Morena incurrió enpromoción personalizada, indicó la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa.
En entrevista, dijo que “no es la primera vez que se baja de la pauta de partido político a Andrés Manuel López Obrador”.
Ni tampoco, abundó Alanís Figueroa, es la primera vez que la Sala Superior resuelve un asunto vinculado con la dirigencia de un partido político.
Resaltó que “los jueces hablamos por ministras sentencias”, al rechazar que la determinación de la Sala Superior obedezca a un acto de censura previa.
La decisión del TEPJF, indicó, “no es porque se baje de un presidente de un partido y de otro no, es por los contenidos de los promocionales y no revisamos los contenidos nosotros como censura previa sino es porque se soliciten las cautelares ante la autoridad administrativa electoral y luego pudieran ir ante el INE por la negativa o por la que se otorga la medida cautelar”.
“Para mí un presidente de un partido político, como ya lo hemos resuelto sí puede aparecer en los promocionales, pero cuando estamos en los contenidos denunciados que tienen una mención directa, una vinculación directa a alguna elección o a un acto vinculado con alguna elección, entonces, ya hemos considerado que se trata de actos anticipados de campaña”, remarcó.
Además, subrayó, la ley prohíbe actos anticipados y en los tiempos de las pautas de los partidos políticos y cuando se trata de precampaña o de campaña electoral deben de ser promocionales que se refieran precisamente a la vida de los institutos políticos.
Aquí el spot que ya no aparecerá en la televisión:

PAN y PRD exigen que la PGR investigue supuesto dinero de “El Chapo” a campañas

PAN y PRD exigen que la PGR investigue supuesto dinero de “El Chapo” a campañas

Beatriz Mujica y Roberto Gil señalan la necesidad de precisar cómo ha sido la red de complicidades de "El Chapo" con el gobierno, que le permitió andar en libertad y pagar campañas de políticos.
FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM
Militantes distinguidos de PAN y PRD demandaron investigar la red de complicidades de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en particular el financiamiento a campañas electorales, tras de las declaraciones de una de las hijas del capo al diario británico The Guardian.
El presidente del Senado, Roberto Gil, demandó que la PGR investigue y aclare cómo ha sido la red de complicidades de “El Chapo” con el gobierno, que le permitió andar en libertad y pagar campañas de políticos.
“Una de las cosas que deben suceder en este momento en el país es que la Procuraduría investigue claramente y cuente con la colaboración de Guzmán Loera para develar cuáles fueron sus coberturas institucionales, sus complicidades desde la política o de las estructuras de seguridad pública”, advirtió en entrevista con el diario Reforma el senador del PAN, tras de acudir a un evento en Bellas Artes.
Por su parte, Beatriz Mojica Morga, secretaria general del PRD señaló que la PGR y la Secretaría de Gobernación (Segob), deben dar a conocer si hay en curso investigación sobre las acusaciones de la hija de Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien dijo que su padre dio a políticos “cheques” para sus campañas.
De acuerdo con un comunicado del PRD, agregó que su partido le exige a estas instituciones, informen qué partido político recibió dinero y aclaren la de un supuesto “arreglo” con “El Chapo”.
“La claridad es fundamental para los partidos políticos. Nosotros en el PRD somos pioneros en llevar nuestras listas de candidatos ante la PGR para que determine si hay investigación en curso contra ellos, a fin de poder registrarlos, la primera vez lo hicimos el 22 de abril del 2009”.
Advirtió que la respuesta del gobierno federal tiene que ser expedita sobre este caso, pues “estamos en proceso electoral y los ciudadanos tienen el derecho de saber si un instituto político o alguno de sus miembros se vieron involucrados con el narcotraficante”.
Lo peor, dijo, es minimizar los dichos de Rosa Isela Guzmán, hija de Guzmán Loera, “la Secretaría de Gobernación y la PGR tienen la obligación de informar”.
Desgraciadamente, el Gobierno de la República es tan descuidado que estas acusaciones y otras lo paralizan y no entiende que por el bien del Estado mexicano, se necesitan explicaciones, lamentó.
“Todos los partidos políticos deberíamos presionar para que se aclare este caso y los electores conozcan si dentro del gobierno de la República o del sistema de partidos políticos ayudaron al Chapo Guzmán”.

martes, 8 de marzo de 2016

Quiere PGR interrogar a supuesta hija del “Chapo”

Quiere PGR interrogar a supuesta hija del “Chapo”

El Ministerio Público ha solicitado, a través de los mecanismos de cooperación internacional, asistencia jurídica a diversas autoridades extranjeras, informó el subprocurador Gustavo Salas Chávez.
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La Procuraduría General de la República (PGR) quiere interrogar a Rosa Isela Guzmán, supuesta hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien en días pasados aseguró, en entrevista con el británico The Guardian, que su padre financió campañas políticas en México y, además, tenía un pacto con el gobierno..
La PGR busa “establecer la identidad de la fuente de información” y, en su caso, citar a la mujer para que presente formal denuncia o testimonio personal ante los fiscales federales.
Gustavo Salas Chávez, titular de Subprocuraduría Especializada en Investigación Contra la Delincuencia Organizada (Seido), señaló en un mensaje a los medios que, “entre otras diligencias, el agente del Ministerio Público ha solicitado, a través de los mecanismos de cooperación internacional, la asistencia jurídica respectiva a diversas autoridades extranjeras para el logro de los propósitos señalados con antelación”.
En otro mensaje a medios, José Manuel Merino Madrid, director general de Procedimientos Internacionales de la PGR, rechazó que El Chapo y/o sus abogados hayan tramitado de manera oficial alguna promoción jurídica encaminada a que el líder del Cártel de Sinaloa preso en el penal del Altiplano sea extraditado de inmediato a Estados Unidos.

La PGR emitió el siguiente comunicado sobre los mensajes a los medios de los mencionados funcionarios:
Mensaje a Medios. Comunicado 343/16

Palabras de Gustavo Salas Chávez, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República en la Sala de Prensa de la Dirección General de Comunicación Social en Reforma 3.
GUSTAVO SALAS CHÁVEZ (GSCH): Muy buenas tardes amigas y amigos de los medios de comunicación.
El pasado viernes se dieron a conocer algunas declaraciones realizadas a un diario británico por una persona que se identificó como Rosa Isela Guzmán Ortiz.
En relación a las manifestaciones publicadas en ese medio de comunicación, que se le atribuyen a dicha persona, nos permitimos informar a la opinión pública lo siguiente:
Primero: El Ministerio Público de la Federación, por mandato legal, tiene la obligación de investigar los delitos que se persiguen de oficio cuando haya tenido noticia de éstos.
Segundo: En este sentido, como órgano de buena fe y atendiendo al principio de presunción de inocencia, está obligado a corroborar la veracidad de cualquier información, a efecto de evitar que se generen actos injustificados que causen molestia a particulares, derivados de un actuar procedimental indebido.
Por lo anterior, esta Representación Social de la Federación ha tomado conocimiento de dichas manifestaciones y ha procedido a realizar diversas diligencias, encaminadas a establecer la identidad de la fuente de información y, en su caso, otorgar la posibilidad a dicha persona, que permita recabar su formal denuncia o testimonio cierto, por parte de quien dice tener conocimiento de diversos hechos delictivos.
En este sentido, el Agente del Ministerio Público Investigador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, entre otras diligencias ha solicitado, a través de los mecanismos de cooperación internacional, la asistencia jurídica respectiva a diversas autoridades extranjeras para el logro de los propósitos señalados con antelación.
La Procuraduría General de la República realizará todas las indagaciones que en derecho procedan, a efecto de averiguar todo indicio que pudiera tener relación con cualquier organización criminal y asimismo, proseguirá puntualmente con el trámite de los procedimientos de extradición en curso, de lo cual les hablará el Director General de Procedimientos Internacionales de esta Institución, José Manuel Merino Madrid.

Palabras de José Manuel Merino Madrid, Director General de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la República en la Sala de Prensa de la Dirección General de Comunicación Social en Reforma 3.
Buenas tardes tengan todas y todos.
Con relación a las diversas declaraciones que ha hecho en medios de comunicación la defensa de Joaquín Guzmán Loera, sobre su supuesto deseo de ser entregado en breve, vía extradición, al Gobierno de los Estados Unidos de América, esta Institución al día de hoy no tiene conocimiento oficial de ninguna promoción en ese sentido, ante las instancias correspondientes.
No corresponde a esta Procuraduría pronunciarse sobre la estrategia legal del reclamado. La Representación Social de la Federación continuará dando trámite puntual y oportuno a los procedimientos de extradición que actualmente se encuentran en curso.
El objetivo es obtener opiniones favorables de los juzgados correspondientes, que permitan integrar expedientes sólidos para que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda, llegado el caso, dictar los acuerdos que concedan la extradición.
Actualmente, los dos procedimientos de extradición que se instruyen en contra de Guzmán Loera, a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de América, se encuentran en la etapa de desahogo de pruebas.
Una vez concluida la etapa probatoria, los jueces tendrán que emitir su opinión y, posteriormente, emitirán los expedientes a la Cancillería, que a su vez dictará el Acuerdo correspondiente.
Por su atención, muchas gracias.

Con el crimen, “ni treguas ni alianzas ni pactos”: Sales Heredia

Con el crimen, “ni treguas ni alianzas ni pactos”: Sales Heredia

Las declaraciones de Rosa Isela Guzmán, supuesta hija del narcotraficante, carecen de sustento probatorio y sólo buscan deslegitimar a las instituciones, afirma el comisionado nacional de Seguridad.
FOTO: SEGOB /CUARTOSCURO.COM
En un mensaje a medios, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, rechazó que el gobierno federal haya hecho algún pacto o acordado alguna tregua con Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Que quede claro: por lo que corresponde al Gobierno de la República, ni treguas ni alianzas ni pactos con el crimen. Los hechos así lo demuestran”, expresó Sales.
Agregó que las declaraciones de Rosa Isela Guzmán, supuesta hija mayor del narcotraficante, carecen de sustento probatorio y sólo buscan deslegitimar a las instituciones.
“No cederemos ante especulaciones, cuyo único objetivo es desviar la atención y victimizar a este individuo para relajar su vigilancia”, expresó Sales en referencia a una entrevista que Sosa Isela dio a The Guardian, al que la mujer dijo que el gobierno federal rompió un pacto con “El Chapo”, le permitió fugarse y ahora lo acusa de criminal y asesino.
A continuación, el mensaje de Sales Heredia:

MENSAJE A MEDIOS DEL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD, RENATO SALES HEREDIA
Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, compañeros de los medios de comunicación.
En julio de 2015, ocurrió la evasión de uno de los criminales más peligrosos de nuestro país.
Las instituciones del Estado Mexicano se vieron afectadas. Sabíamos que la única manera de resarcir este daño, era logrando su recaptura.
Y fue por ello que en los meses que siguieron, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República realizó un profundo trabajo de coordinación e inteligencia, con un solo objetivo: reaprehenderlo.
Gracias a esa labor y a la lealtad de los integrantes de las fuerzas federales, el pasado 8 de enero se logró la recaptura de Joaquín Guzmán Loera.
Desde ese momento, el compromiso del Gobierno de la República ha sido uno: emplear todas las capacidades del Estado para garantizar que este sujeto no pretenda volver a evadir la acción de la justicia.
Lo hemos hecho con estricto apego a sus derechos fundamentales, haciendo uso de todas las herramientas que la ley nos permite.
La Constitución, en su artículo 18, señala que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, las autoridades competentes podrán imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en los Centros Federales de Readaptación Social.
Por su parte, el artículo 45 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, establece la restricción de comunicaciones de los inculpados y sentenciados, así como la imposición de medidas de vigilancia especial a dichos internos.
Esto se confirma, además, en los protocolos vigentes para los Centros Federales de Readaptación Social, y en la ley que establece las bases de readaptación social de sentenciados.
Y, además, así fue reiterado recientemente por el Poder Judicial Federal, en resolución incidental recaída ante el juicio de Amparo promovido por la defensa de Joaquín Guzmán Loera.
En el incidente de suspensión 298/2016-2, del índice de juzgado primero de distrito en materia de amparo, se lee:
“Ahora, en la especie, la aplicación del protocolo de seguridad, se debe a las medidas implementadas en el centro de su reclusión, las cuales son de orden público e interés social, pues la sociedad está interesada en que el orden y salvaguarda del referido centro de reclusión se mantengan, porque de lo contrario, podrían ponerse en peligro la tranquilidad e integridad de la colectividad.”
No debemos olvidar tener presente siempre que Joaquín Guzmán Loera ha dañado profundamente a nuestra sociedad. Sus acciones, han causado la muerte de muchos mexicanos; ha envenenado a nuestros jóvenes y destruido a familias enteras.
Les ha arrebatado un padre, una madre o un hermano. Son familias que merecen justicia y a quienes nos debemos en primera instancia.
Y por eso reiteramos: el compromiso del Gobierno de la República es que este criminal sea castigado con todo el peso de la ley.
Derivado de estas acciones, que el Estado ha empleado para fortalecer su resguardo, el Gobierno de la República advierte que existe por parte de este individuo, de su defensa y de algunas otras personas, una abierta estrategia mediática.
Prueba de ello son las más recientes declaraciones de quien dice ser su hija.
Se trata de señalamientos que carecen de soporte probatorio, cuyo único objetivo es deslegitimar a las instituciones.
Sobre estos dichos, habrá de pronunciarse en breve la Procuraduría General de la República.
Pero que quede claro: por lo que corresponde al Gobierno de la República, ni treguas ni alianzas ni pactos con el crimen.
Los hechos así lo han demostrado, así lo demuestran.
No vamos a ceder ante especulaciones, cuyo único objetivo es desviar la atención, victimizar a este sujeto para relajar su vigilancia.
Que no quede duda: en un país de leyes, como lo es México, toda acusación debidamente fundada ha de ser investigada y, en su caso, recibirá una sanción.
Pero el Estado Mexicano no se va a prestar a chantajes ni a litigar en los medios lo que debe ser juzgado únicamente por los tribunales.
Señoras y señores:
El Gobierno de la República seguirá trabajando, como lo hemos hecho durante estos tres años, para fortalecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional.
Para seguir llevando ante la justicia a todo aquel que lastime o pretenda lastimar a las y los mexicanos.
Y, sobre todo, para devolver la tranquilidad a las familias de nuestro país.
Muchas gracias
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lunes, 7 de marzo de 2016

Habla la hija de ‘El Chapo’: “Había un pacto, no lo respetaron”

Habla la hija de ‘El Chapo’: “Había un pacto, no lo respetaron”

Rosa Isela Guzmán Ortiz asegura que su padre tenía protección al más alto nivel en el gobierno mexicano... pero lo traicionaron.
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Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija mayor de Joaquín El Chapo Guzmán, asegura que su padre fue traicionado, pese a que apoyó “campañas” y compró protección.
El periódico británico The Guardian publicó este viernes la entrevista realizada por los periodistas José Luis Montenegro y Rory Carroll, en algún punto no revelado de California, Estados Unidos. 
“Mi papá no es un criminal. El gobierno es el culpable”, afirmó.
“Todo lo que sé es que mi papá le dijo a su abogado que le entregara unos cheques al equipo de campaña (de un político) y exigió a cambio que lo respetaran”, reveló.
“Había un pacto, no lo respetaron. Ahora cuando lo capturaron, dicen que es un criminal, un asesino. Pero no dijeron lo mismo cuando pidieron dinero para sus campañas. Son unos hipócritas”, acusó en la primera ocasión en que habla para un medio de comunicación.
Captura de pantalla 2016-03-04 a las 12.29.45 p.m.
De los cheques no dio detalles. Ahora analiza si los hará públicos, o no.
Sobre su vida en EU, hasta ahora desconocida, cuenta cómo adquirió la casa donde vive: “Mi papá depositó el dinero en una cuenta de un banco a través de un abogado y, un tiempo después, vino a ver la casa (en California), su casa. Vino dos veces (en 2015)”, refiere. La ubicación del inmueble no es revelada.
Respecto a la fuga de su padre del penal del Altiplano, ocurrida a mediados del año pasado, la hija dijo que se trató de un “acuerdo”.
Guzmán Ortiz indicó que El Chapo viajó hasta California en 2015, aunque no especifica cómo cruzó la frontera; “yo le pregunté lo mismo(¿cómo le hizo para cruzar?), créame”.
De acuerdo con la entrevista, Guzmán Ortiz opera una cadena de negocios en California y dice que sus negocios “son el resultado de mis propios esfuerzos”.
El líder del Cártel de Sinaloa fue recapturado en enero pasado. “Misión cumplida”, tuiteó el presidente Enrique Peña Nieto, al dar a conocer la noticia de su reaprehensión.
El 8 de marzo, el capo cumple 2 meses en prisión. Sus abogados acusan malos tratos, e incluso que pretenden privarlo de la vida, o convertirlo en “un zombi”, de acuerdo con un amparo que dio a conocer Aristegui Noticias.

“Silencio inexplicable” de Videgaray en caso OHL, acusa Infraiber y presenta amparo

“Silencio inexplicable” de Videgaray en caso OHL, acusa Infraiber y presenta amparo

El conflicto entre Infraiber y OHL continúa. Ahora la primera empresa urge a la SHCP que se pronuncie.
PAULO DIEZ 2
La empresa Infraiber promovió un juicio de amparo contra el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, “ante el silencio inexplicable” en el caso OHL por el que le ha solicitado en repetidas ocasiones que se pronuncie.
En una imagen enviada a este sitio, se comprueba que tal recurso ya fue presentado y se turnó alJuzgado Quinto de Distrito en materia administrativa, en la Ciudad de México.
Según el abogado de la empresa en conflicto con OHL, Paulo Díez, lo que busca es que Hacienda manifieste “las razones por las cuales no denuncia a OHL y a Deloitte (quien le audita sus cuentas)”.
“Este juicio es independiente de la denuncia penal que presenté hace un par de semanas. En esta averiguación previa el Ministerio Público dio vista al Secretario de Hacienda para que manifestara si va a denunciar o no. El plazo vence el próximo 8 de marzo. Asimismo, el Ministerio Público requirió al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la entrega de toda la documentación relevante, lo que debe ocurrir el próximo martes 8 de marzo”, precisó.
Además, consideró que “Videgaray está presionando fuerte a la PGR para que archive esa averiguación previa (contra OHL) o, al menos, para que la misma se asigne a alguna de las áreas de la PGR bajo su control”.
OHL, a su vez, ha presentado diversas denuncias contra Infraiber, así como una demanda por daño moral; a la empresa que representa Díez la acusa de intento de extorsión y espionaje. IMG-20160303-WA001

domingo, 6 de marzo de 2016

NSArchive revela expediente de ejecuciones en Tlatlaya

NSArchive revela expediente de ejecuciones en Tlatlaya

Hay discrepancias en testimonios y el número de personas que pudieron ser ejecutadas extrajudicialmente. 4 de 7 militares quedaron libres después de que el juez no encontró elementos contra ellos.
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La organización no gubernamental National Security Archive (NSArchive) obtuvo copia del Auto de Formal Prisión contra 7 militares, acusados en tribunales civiles por los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, donde soldados ejecutaron a personas presuntamente relacionadas con el cártel de la Familia Michoacana, el 30 de junio de 2014.
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La Procuraduría General de la República (PGR) entregó este documento de 268 páginas alNSArchive después de que se lo ordenó el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).
El contenido de este auto de formal prisión ya fue usado para la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso y por el sitio de noticiasSinEmbargo, pero es la primera vez que el documento íntegro está disponible para su consulta pública.
La revelación de este expediente pone de manifiesto que hubo discrepancias en los testimonios que presentó la PGR y en el número de personas que pudieron ser ejecutadas, justo días después que un tribunal confirmó la libertad de 4 de los 7 militares señalados como responsables. Este proceso en tribunales civiles es paralelo al del fuero militar, que sigue en curso.
¿Cuántas personas pudieron ser ejecutadas? 
La Procuraduría del Estado de México y la PGR habían dicho que cinco de los 22 cadáveres tenían heridas que indicaban maniobras instintivas de defensa; es decir, que antes de morir las personas intentaron proteger zonas vitales con sus brazos, lo cual apunta a que muy probablemente fueron privadas de su vida ilegalmente, según la CNDH.
Y la propia CNDH dijo en su recomendación sobre el caso que al menos 6 cadáveres tenían rastros de maniobras de defensa:
“V1, V2, V5, V11, V12 y V16, presumiblemente, realizaron maniobras instintivas de defensa, lo cual se determina por la presencia de heridas en los miembros superiores, producidas por proyectil único disparado por arma de fuego”, publicó el organismo nacional en octubre de 2014.
No obstante, el Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive incluye los primeros estudios realizados por la procuraduría del Estado de México, que aunque concluyó que había sido un enfrentamiento, documentó que 9 personas intentaron defenderse antes de caer abatidas por las balas.
Los cadáveres 1, 2, 5, 11, 12, 16, 17, 18 y 21, tenían huellas de “maniobras instintivas de defensa”, según el dictamen en criminalística de campo del 30 de junio de 2014, realizado por peritos del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría del Estado de México.
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Ese dictamen forma parte del auto de formal prisión que otorgó, en un primer momento, un juez penal del DF. Pero los militares se inconformaron con esa decisión y un tribunal ordenó reponer el proceso.
La reposición recayó en otro juez, quien determinó que no había pruebas suficientes para procesar a los siete militares y dejó en libertad a cuatro. Entonces la PGR se inconformó, pero fue inútil; el tribunal confirmó la liberación de cuatro militares acusados de ejercicio indebido del servicio público y mantuvo en prisión a tres de ellos por homicidio calificado y alteración ilícita del lugar.
El defensor de los militares en la jurisdicción civil es el abogado Juan Velázquez, quien ha sostenido ante la prensa que sólo tres de los militares entraron a la bodega donde ocurrieron los hechos.
¿Cuántos entraron a la bodega?
La CNDH dijo que cinco soldados entraron a la bodega después de un primer choque con los presuntos sujetos relacionados con el cártel de La Familia Michoacana:
“Los cinco elementos militares que ingresaron a la bodega posterior al enfrentamiento, esto es, AR2, AR3, AR4, AR5 y AR6, son quienes muy probablemente privaron ilegalmente de su vida a las personas que se encontraban al interior de la misma, o por lo menos, que hubieron algunos de ellos que lo hicieron, y otros que lo presenciaron y por tanto, hasta la fecha, lo han encubierto”, dice la Comisión en su informe.IMAGEN2

Los cuatro militares que ahora están libres hicieron una ampliación de sus declaraciones el 28 de septiembre de 2014, en la cual aseguraban que “después de haber cesado los disparos entre ellos y un grupo de personas armadas, tres de sus compañeros se introdujeron a la bodega y que en seguida escucharon más disparos”.
Quienes declararon esto fueron el responsable de la escolta, Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez; el soldado de transmisiones, Julio César Guerrero; el cabo que conducía esa noche Samuel Torres; y el soldado de infantería Alan Fuentes.
Pero esa declaración contradice la que habían dado cuatro días antes y la del mismo día en que ocurrieron los hechos, aquel 30 de junio de 2014, que forman parte del Auto de Formal Prisión revelado por el NSArchive.IMAGEN3

El 30 de junio, el Teniente Ezequiel dijo que ordenó a Samuel Torres que apoyara “al sargento Acevedo (Roberto Acevedo López) para que hiciera un reconocimiento en el interior de la bodega”. Esa versión cambió después que la agencia AP y la revista Esquire cuestionaron que se hubiera tratado de un enfrentamiento con criminales.
El 24 de septiembre, el mismo teniente Ezequiel dijo que “ordenó al sargento segundo Roberto Acevedo López y dos elementos Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides para que realizaran un reconocimiento en el interior de la bodega donde tardaron entre 3 y 5 minutos”. El soldado Samuel Torres desapareció de la narración del encargado del grupo.
El propio cabo Samuel Torres también cambió su versión. En su declaración del día de los hechos, dijo que no supo qué pasó dentro de la bodega. Pero el 28 de septiembre agregó que “él y su compañero Alan Fuentes Guadarrama ingresan juntos a la bodega por la parte del centro, y el comandante Acevedo con un compañero más entraron por la izquierda de la bodega”.
La versión de la defensa
Al ser cuestionado por la diferencia en el número de militares que ingresaron a la bodega, el abogado defensor, Juan Velázquez, dijo a Aristegui Noticias que la discrepancia puede deberse a que los soldados hablan de “momentos distintos de entrada a la bodega”.
Además, Velázquez sostiene que la PGR no pudo aportar “una sola prueba de su probable responsabilidad en los delitos de los que se les acusó”. Según él, “todas las armas de los abatidos habían sido accionadas”; no obstante, no pudo aclarar si la PGR levantó huellas dactilares para descartar que hubiesen sido accionadas por los soldados.
Así, los tres militares que siguen procesados por homicidio y alteración ilícita del lugar son el sargento Roberto Acevedo López y los soldados de infantería Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides. La PGR tampoco pudo sostener la acusación en contra del teniente Ezequiel, de encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.
El Auto de Formal Prisión obtenido por el NSArchive tiene varias líneas de texto testadas y, aunque en las líneas visibles no hay mención a un estudio de huellas dactilares, es imposible descartar si la PGR lo hizo o no. Además, falta transparentar varios momentos del proceso judicial civil, lo cual podría suceder si hay más solicitudes de transparencia con el mismo argumento que usó la organización estadunidense, que hay sospechas de que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos.
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Este 2 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe “Situación de derechos humanos en México”, en el que afirma que “la impunidad masiva es la causa de la crisis de derechos humanos en México”. “La Comisión recuerda al Estado mexicano que es de la más alta importancia que los órganos judiciales realicen sus investigaciones y concluyan los procesos penales de manera independiente y sin injerencias externas”, dice el informe sobre el caso Tlatlaya.